El Partido Socialista de Boadilla ha informado a través de un comunicado de la intención del Gobierno municipal de privatizar en el 2017 el Servicio de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Boadilla.
Los socialistas consideran que, si esto se lleva a cabo, podría ser "una cesión indebida de datos protegidos de los ciudadanos de Boadilla a una empresa privada", hecho que han calificado de "absolutamente gravísimo".
Desde el PSOE consideran que el Gobierno Municipal ha demostrado su "incapacidad" ya que "no es capaz de gestionar eficazmente la inspección fiscal pese a tener una plantilla altamente cualificada para llevarla a cabo si se dirige bien y se motiva".
Además los socialistas afirman que el Gobierno "demuestra un grave desconocimiento de la legalidad al ignorar la Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de junio del año 2000, donde se resolvió en contra de estas privatizaciones, al impedir que empresas privadas puedan ejercer funciones que impliquen ejercicio de autoridad", afirman en el comunicado.
También consideran desde el partido socialista algo "gravísimo" el que "un Diputado Nacional que apoya el Gobierno de Mariano Rajoy quiera ir en contra de una decisión de este, que ha recurrido a través de la Abogacía del Estado por orden del Ministro Montoro, a los municipios de Bildu que han privatizado la Inspección Fiscal, por las mismas razones que exponía en su sentencia el Tribunal Supremo y lo ha ganado en el Tribunal Superior de Justicia Vasco, quedando anulados todos los contratos adjudicados", explican los socialistas.
Delia López, portavoz del Grupo Municipal Socialistas, ha declarado que "González Terol en su afán de privatizar la gestión del Ayuntamiento no conoce límites, es capaz de anunciar proyectos que no puede desarrollar según la Ley y los Tribunales de Justicia y que van contra el criterio del Gobierno de Mariano Rajoy que apoya siendo Diputado. Pedimos que este proyecto se abandone inmediatamente y se anuncie públicamente, y que no tengamos que recurrir para anularlo en los tribunales, como se ha tenido que hacer en los ayuntamientos gobernados por Bildu", finalizó.
El Gobierno municipal responde a las acusaciones del Grupo Municipal Socialista
Fuentes municipales han declarado que "en ningún caso se pretendería privatizar la inspección de Hacienda porque este es un trabajo que obligatoriamente tienen que hacer los funcionarios, cosa que el Ayuntamiento tiene absolutamente clara".
También han explicado que se está estudiando la posibilidad de sacar un pliego de 'Asistencia técnica a la actividad inspectora de tributos', lo que significa que una empresa especializada ayudaría a los funcionarios a realizar determinadas tareas, como los cálculos de tributos especialmente complejos, pero en ningún caso la inspección como tal ni ninguna actuación que implicara ejercicio de autoridad.
Desde el Gobierno municipal han aclarado que "se ha consignado en el Presupuesto para 2017 una partida que contempla el importe al que ascendería ese coste si finalmente se licitara la asistencia técnica. Si no está presupuestado no podría hacerse. Todo lo que está consignado en el Presupuesto cuenta con el visto bueno de la Intervención municipal", destacan.
Por otro lado, han destacado que "hay bastantes administraciones en España que cuentan con este servicio, que es totalmente legal. Algunos ejemplos: Ayuntamientos de Segovia, Toledo, Jerez, Badajoz o Palencia. En la Comunidad de Madrid, Pinto o Getafe. Pozuelo lo tuvo hasta que tuvo medios propios".
Sobre las noticias relativas al País Vasco han explicado que "según parece, los pliegos que regían los contratos sí incluirían disposiciones que facultan a la empresa adjudicataria a realizar labores de inspección, no solo de asistencia, y por eso se presentan los recursos". Y han querido dejar muy claro que no es en ningún caso lo que se está planteando en Boadilla.
Por último han subrayado que "todos los pliegos que se hacen en el Ayuntamiento de Boadilla están lógicamente avalados por informes técnicos y jurídicos de legalidad".
