El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha aprobado de forma inicial una modificación de la ordenanza reguladora de la concesión de Prestaciones Sociales de Carácter Económico para Situaciones de Especial Necesidad o Emergencia Social que permitirá la creación de una nueva ayuda económica para necesidades básicas de alimentación e higiene y amplía la tipología de colectivos en riesgo de exclusión social beneficiarios de las prestaciones.
Las mujeres gestantes de más de 14 semanas de hasta 35 años de edad y las personas mayores de 65 años con discapacidad van a ver ampliadas sus coberturas con los cambios.
En el primer caso, se eleva de 25 a 35 años la edad de las mujeres en situación de vulnerabilidad que pueden acogerse a la ayuda económica de 250 euros mensuales que les concede el Ayuntamiento hasta el nacimiento del bebé. Esta ayuda es complementaria de las que puedan solicitar en concepto de emergencia social, conforme a los baremos fijados para su concesión durante y después del embarazo.
En el segundo, con el objeto de facilitar la autonomía personal y el apoyo a sus familias de los mayores con discapacidad igual o superior al 65% se facilita su acceso a nuevas ayudas complementarias como gastos farmacéuticos, aparatos de ortopedia y otros productos de apoyo.
Con una previsión de gasto estimado de 176.000 euros, la nueva ayuda económica de cobertura de las necesidades más básicas de alimentación e higiene viene a sustituir a la entrega periódica de cestas de alimentos no perecederos que se venía realizando desde el Banco de Alimentos municipal y facilitará la adquisición de productos frescos (carne, fruta, pescado).
Los usuarios podrán realizar sus compras directamente en los establecimientos comerciales de alimentación mediante una tarjeta monedero, lo que les permitirá atender sus necesidades con mayor autonomía y dignidad. Al tiempo se evitará la duplicidad de recursos respecto a la entrega de cestas con alimentos perecederos que realizan otras organizaciones sociales del municipio.
La ayuda estára exenta respecto a las cuantías máximas que puede percibir cada usuario o unidad familiar reguladas en la ordenanza, lo que eleva el importe global anual a percibir por los usuarios en intervención.
