Boadilla del Monte contará antes del próximo verano con una nueva infraestructura deportiva después de que el Ayuntamiento haya dado su conformidad para que el contrato de concesión de actividad que en 2005 fue adjudicado a Trapsa - posteriormente subrogada en Fitness Boadilla-, sea traspasado a una tercera empresa.
Once años después verá la luz un proyecto, situado al lado del colegio Teresa Berganza, para la instalación de un centro deportivo que ahora va a ser asumido por el Grupo Serviocio para poner en marcha BeOne Boadilla, que podrá dar servicio a unos 7.000 vecinos.
Contará con 900 m2 de sala fitness con maquinaria de última generación, 4 salas de actividades dirigidas, 1 para ciclo indoor, 150 clases dirigidas a la semana, 2 piscinas (fitness acuático y nado-aprendizaje), zona spa, campo de fútbol indoor, 4 pistas de pádel y zona crossfit con material específico para entrenamiento funcional.
Habrá también ludoteca, área de salud -que incluirá servicio de fisioterapia- y cafetería; además está prevista la instalación de un área comercial que podrá albergar restauración o algún tipo de comercio deportivo. La instalación contará con 140 plazas de aparcamiento dentro de su recinto.
La empresa concesionaria hará una fuerte inversión para reparar todos los desperfectos estructurales del centro producidos por vandalismo, arreglar la maquinaria y elementos de climatización, electricidad y depuración, subsanar los desperfectos en espacios deportivos, especialmente las pistas de pádel, y equipar las distintas áreas deportivas previstas.
El Grupo Serviocio-BeOne gestiona ya 30 centros en el conjunto de España, bastantes de ellos en la Comunidad de Madrid, y da servicio a más de 100.000 socios.
Once años sin actividad ¿Por qué no se puso en marcha antes?
La nueva instalación deportiva se va a poner en marcha después de 11 años en los que se han sucedido diferentes circunstancias. En 2005 la empresa Trapsa fue la adjudicataria de la concesión administrativa para la construcción de un centro deportivo, con un plazo de ejecución de la obra de 14 meses desde la firma del acta de replanteo, lo que se produjo en octubre de 2006. El pliego fijaba en 50 años el tiempo de explotación de la infraestructura.
La empresa incumplió los plazos marcados por lo que en 2010 la Junta de Gobierno Local, analizados los informes municipales que acreditaban dicho incumplimiento y las alegaciones presentadas por Trapsa, acordó imponerle una penalidad económica de casi 400.000 euros. El Consistorio y Trapsa acordaron fraccionar el pago de la sanción y la continuación de la obra pero no se cumplió ninguno de los dos aspectos.
