El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra 27 personas por la actividad de la trama Gürtel en Boadilla del Monte, así como contra el PP en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 204.198 euros de la red.
Lo ha hecho tras recibir las peticiones de pena de la Fiscalía, que reclama 76 años y 7 meses de cárcel para el líder de Gürtel, Francisco Correa; 40 años y 9 meses para el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, "El Albondiguilla", y 23 años y medio para el exdiputado del PP Alfonso Bosch por la actividad de esa red en el citado municipio.
Pide además 64 años y 7 meses de prisión para el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, otros 22 para el exconcejal José Galeote, 39 y un mes de cárcel para el exjefe de la empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla César Tomás Martín Morales, y 2 años y medio para el exalcalde de la localidad Juan Jesús Siguero, que sucedió a González Panero.
En su auto, el magistrado fija fianzas millonarias para los acusados, con el fin de que se garantice el abono de las responsabilidades pecuniarias (multas y responsabilidades civiles) en las que podrán incurrir de ser condenados.
En el caso de Correa le obliga a pagar 32,4 millones, a Crespo 23,9 millones, González Panero 23,6, Galeote 3,4, Martín Morales 18,1 y Bosch 6,5 millones.
De la Mata describe todas las operaciones presuntamente irregulares investigadas, de algunas de las cuales supuestamente se benefició el PP, "consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de los distintos actos políticos organizados por y para el partido" y que se cifran en un total de 204.198 euros.
El PP figura también como partícipe a título lucrativo en los procedimientos que afectan a la trama en los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.
Según la Fiscalía, la red mafiosa pagó a los políticos del PP, en forma de regalos o dinero, a cambio de interceder en adjudicaciones públicas de Boadilla, llegando la trama a dirigir en la práctica toda la contratación pública en Boadilla.
Dichos pagos ascendieron a 1.800.000 euros en el caso de González Panero, a 2.702.315 euros en el de Correa y a 1.327.235 en el de Martín Morales, mientras que Bosch llegó a embolsarse 941.652 euros, Crespo 593.000 y Galeote 557.609 euros
Parte de los fondos percibidos por "El Albondiguilla", Crespo y Martín Morales se ocultaron en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas.
Todas estas actuaciones se habrían cometido, según la Fiscalía, "con la finalidad de enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos por el grupo liderado por Correa en Boadilla del Monte de 2001 a 2009", que "incorporaría funcionarios y autoridades de dicho municipio a cambio de la correspondiente comisión".
"Especialmente en la EMSV, entidad que controlaban de facto a través de sus sucesivos gerentes y a la que consecuentemente transferían desde el Ayuntamiento la contratación de distintos servicios consiguiendo de esta forma también eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención".
De este modo, la red habría favorecido la contratación de la entidad Sufi, gestionada por Rafael Naranjo con la colaboración de su hijo Gonzalo Naranjo Villalonga, de sociedades relacionadas del constructor Alfonso García-Pozuelo Asins y de la mercantil UFC, gestionada por José Luis Ulibarri Comerzana.
Además de Tecnología de la Construcción S.A. (Teconsa), gestionada por Jose Luis Martínez Parra; de Artas Consultoría S.A., tras la que se ocultarían algunos de los miembros del grupo liderado por Francisco Correa, y de las sociedades de eventos vinculadas a este último.
De la Mata decreta la apertura de juicio oral por si los hechos investigados fueran constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos e insolvencia punible.
El magistrado señala a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento de esta pieza y concede un plazo de diez días a los acusados, a las 11 sociedades mercantiles que figuran como responsables civiles y al PP como partícipe a título lucrativo para que presenten sus escritos de defensa.
