Llevamos más de un mes con la polémica de los dos surtidores de gasolina de Valenoso, una cuestión más interesante de lo que a primera vista pueda parecer, porque aunque la instalación a priori solo pudiera afectar a los alrededor de 200 vecinos que viven en la comunidad pegada al suelo comercial donde se quieren instalar por parte del empresario, lo cierto es que es un asunto que debería llamar la atención de todos.
Muestra de ello es que la semana pasada el PSOE respondió a Podemos, cuando la formación morada señaló que era inviable el pacto con Ciudadanos y socialistas, con una carta en la que indicaba que de las 20 propuestas presentadas por Pablo Iglesias, tanto los de Albert Rivera como los de Pedro Sánchez podrían asumir 18. Las dos que no eran las referidas al derecho a decidir de Cataluña y el gobierno de coalición propuesto por Podemos.
Entre esas 18 propuestas que el PSOE podría asumir, en el apartado "Contra el capitalismo de amiguetes", se incluye una reforma de la Ley de Hidrocarburos "para introducir mayores niveles de transparencia y competencia efectiva, lo que permitirá reducir los precios y elevados márgenes de las estaciones de servicio".
Una propuesta que bebe, entendemos, de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados presentada por el PSOE en 2010 con la que pretendía adoptar actuaciones concretas para impulsar la competencia efectiva en la distribución minorista de carburantes, entre las que contemplaba favorecer la apertura de nuevas gasolineras en hipermercados o grandes establecimientos comerciales.
Esto lo indicó el PP la semana pasada para tratar de mostrar la incongruencia de los socialistas. Pero lo importante no es esto, sino que la cuestión de fondo en el debate son los precios, algo que se ha tocado poco, porque los surtidores anexos a zonas comerciales no son atendidos por personal y vinculan ofertas de otros servicios al repostaje, lo que les permite reducir costes. Un asunto que se hace más importante si se tiene en cuenta que las únicas gasolineras con las que cuenta Boadilla, en su almendra residencial, son Galp, marca que no destaca por la competitividad de sus precios.
Si asumimos, por ejemplo, diferencias de 10 céntimos el litro entre una low cost y una gasolinera tradicional, el ahorro en un repostaje de 50 litros es de 5 euros. Si calculamos que un vecino de Boadilla gasta de media al mes 200 euros por combustible, algo que no sería muy extraño por el transporte deficitario que ofrece el Consorcio Regional de Transportes a la localidad, el ahorro anual sería de 240 euros durante un curso.
Un ahorro que sería imposible colocando este tipo de surtidores en polígonos industriales, como Ventorro del Cano o Prado del Espino, porque por tiempo y comodidad al final es complicado que alguien vaya hasta allí a repostar. De hecho, allí ya existen surtidores low cost, pero la realidad indica que no es lo habitual el desplazamiento para echar gasolina.
Dicho esto, también es cierto que recientemente, el parlamento de Madrid, del PP, ha solicitado al Gobierno que obligue a todas las gasolineras de la región a tener al menos una persona para atender a los conductores, como ya sucede en cinco Comunidades Autónomas: Murcia, Baleares, Valencia, Castilla La Mancha o Navarra. De lo que suceda al respecto, depende el negocio de casi 700 establecimientos de este tipo repartidos en toda España.
Y en Boadilla, ¿qué pasará?
Pues es una incógnita, pero la verdad es que a pesar de las muchas críticas vertidas por la oposición al PP, el actual gobierno condicionó el desarrollo de estos establecimientos a una ordenanza específica que aún no está desarrollada, lo cual es lógico porque el Plan General se aprobó recientemente. Un hecho muy importante, y que el PP ratificó el pasado pleno con una moción, porque, por ejemplo, en Valdemoro, se está construyendo una gasolinera bajo el amparo de Ciudadanos en un entorno mucho más hostil que el de nuestro municipio, como indican las fotografías que les ofrecemos. ¿Por qué? Porque su Plan General no condiciona la ubicación de gasolineras en base a ninguna normativa local.
Lo lógico, en cualquier caso, si el ejecutivo en su día no contemplaba en su Plan General la ubicación de surtidores de gasolina en la almendra residencial del municipio, algo que tuvo que asumir tras alegaciones de la Asociación Nacional de Hidrocarburos, empeñada en el desarrollo del negocio de sus asociados, es que la ordenanza impida la ubicación de estos a escasos metros de viviendas si la ley lo permite, pues la intención primigenia del plan general era que no se ubicasen cerca de los vecinos.
Será el tiempo el que nos determine, pues, la voluntad real del ejecutivo, que hasta la fecha ha mantenido una postura tan coherente como incierta para el vecino: que se cumplirá a rajatabla con la ley. También será la que desvele la verdadera cara de la oposición, ya que a pesar de que han solicitado la reconsideración de la ubicación, no han pedido ni la no concesión de licencia, que es lo que tendría sentido si realmente quisieran acoplarse a las demandas de los vecinos, algo que no hacen porque hay duda legal de que la petición se adapte a normativa, como se vio en el primer pleno en el que se trató esta materia retirando su propuesta. Oposición que también ha quedado un poco desnuda al saberse la proposición no de ley del año 2010 de los socialistas y la postura del alcalde de Ciudadanos en Valdemoro, de la que hablan las imágenes que hoy mostramos.
2016/04/gasolinera-valdemoro
