APB informaba la pasada semana a través de una nota de prensa que el Ayuntamiento de Boadilla había sido condenado a pagar 94.000 euros por no haber permitido durante la legislatura anterior a 2011 que el grupo municipal contara con un asesor pagado por el Ayuntamiento de Boadilla, como ocurría con los grupos popular y socialista.
La denuncia del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla fue estimada por sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del año 2011, en la que se reconoció que el PP vulneró los derechos del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla cuando nombró dos personas de confianza para el PP y dos para el PSOE en la anterior legislatura, impidiendo a APB designar a una persona.
No obstante, el fallo del juez estimaba que que la plaza que debía cubrir APB era para Borja Pozuelo, que en esa legislatura había sido designado por Galindo para ello. Para cuando el juez falla la sentencia, Pozuelo había caído en desgracia y no era ya la persona de la confianza de Galindo, sino Elena García Ovejero.
El 9 de julio de 2015 Ángel Galindo, portavoz de APB, recurre la sentencia, solicitando que la dotación de la plaza fuera para García Ovejero. Pero el juez da por cumplida la sentencia y ahí se queda todo. El merededor de la plaza, insiste, es Borja Pozuelo, que en la actualidad es miembro del Partido Popular de Boadilla, persona que formaba parte de los nombres que aparecían en la candidatura popular.
Como observará el lector, todo está liado. En la nota de prensa a la que nos hemos referido, APB afirma que el Ayuntamiento de Boadilla ya ha cumplido la sentencia, y que Francisco de Borja Pozuelo Barreira ha recibido esa cantidad económica. En el comunicado, su portavoz, Ángel Galindo, ha declarado que "mantenemos la plena confianza en los jueces para orden en el Ayuntamiento de Boadilla (sic). Una vez más, otra injusticia del PP contra APB se ha corregido judicialmente" ha declarado.
Lo que no dice la nota de prensa es que estos hechos se remontan a la época de Arturo González Panero y con la llegada del nuevo alcalde de la localidad, Antonio González Terol, el grupo APB contó ya con una secretaria, Elena García Ovejero.
Por otro lado el supuesto afectado en todo este asunto, Francisco de Borja Pozuelo Barreira, ha declarado a través de su cuenta personal de twitter (@borja_pozuelo) no haber cobrado "ni un duro". También ha afirmado a este diario que "si ese dinero me correspondiese y me lo mereciera bienvenido sea. Si no me correspondiese sería el primero en rechazarlo" ha declarado.
Fuentes municipales consultadas por este diario afirman que cuando el juez reconoce a APB su derecho de tener un puesto en la secretaría del grupo y dicta sentencia ordenando que debe nombrarse a alguien para el mismo, con efectos administrativos y económicos, el Ayuntamiento creó una plaza en la Relación de Puestos de trabajo (RPT) y la dotó económicamente.
Sin embargo, a causa de un informe del Secretario General y de la Intervención Municipal, no se abonó a nadie cantidad alguna porque no se había realizado ningún trabajo que debiera ser retribuido.
También, el Ayuntamiento comunicó al Juzgado que había ejecutado la sentencia con fecha 16 de febrero de 2007 en la que nombraba a Borja Pozuelo como personal eventual con el puesto de secretario del grupo municipal APB y dotando económicamente la plaza. De esta forma, el juez dio por ejecutada la sentencia y notificó el archivo del expediente.
Sin embargo, las mismas fuentes municipales afirman que Ángel Galindo recurrió el nombramiento de Borja Pozuelo proponiendo para el puesto a Elena Ovejero, petición que el juez desestimó alegando que Pozuelo era la persona designada y propuesta en su día por el propio Galindo.
