No ha existido vulneración por parte del Ayuntamiento del principio de igualdad ni de ningún artículo del Convenio Colectivo.
> Ana Garrido y el Caso Gürtel: cronología
Durante el pasado año, Ana Garrido, empleada del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha estado denunciando en diversos medios de comunicación y redes sociales que estaba siendo sometida a mobbing por haber denunciado el Gürtel en la localidad y haber sido citada como testigo en el propio sumario.
La trabajadora había reclamado al Ayuntamiento una subida de sueldo que ella consideraba merecida y justificada por estar realizando determinadas tareas sin percibir por ellas el salario adecuado. La negativa del Ayuntamiento a tal pretensión era interpretada por Garrido como una discriminación motivada por el hecho de haber sido denunciante y testigo en el caso Gürtel.
Pero esta acusación ha quedado deslegitimada después de que, según ha podido saber Diario de Boadilla, la Justicia dictaminara el pasado mes de octubre, en respuesta a la reclamación de cantidad realizada por Garrido contra el Consistorio y presentada en el Juzgado de Móstoles, que no ha existido vulneración por parte del Ayuntamiento del principio de igualdad ni de ningún artículo del Convenio Colectivo y que en ningún caso ha existido contra la denunciante "discriminación o desigualdad de trato" por parte de ningún miembro de la actual Corporación Municipal, completamente desvinculada de la trama.
Ana Garrido presentó una demanda para solicitar que se creara un puesto de categoría superior al que desempeñaba como Técnico de Juventud, tal como existía en el área de Servicios Sociales y Personas Mayores del Ayuntamiento, porque su retribución salarial ascendería aproximadamente a 43.000 euros. Esta pretensión fue desestimada por el Consistorio y, ante la negativa, la demandante aprovechó su condición de testigo del caso Gürtel para acusar ante los medios de comunicación a la actual Corporación de seguir indicaciones de Arturo González Panero, ex alcalde de la localidad imputado en el citado caso. Se da la circunstancia de que el actual regidor, Antonio González Terol, ha personado al propio Ayuntamiento como acusación particular en el procedimiento judicial abierto contra la trama.
La pretensión de la demandante, según ha podido saber Diario de Boadilla, fue desestimada por la Justicia el pasado mes de octubre por referirse a dos puestos de trabajo que comprenden áreas distintas: el primero, en Juventud; y el segundo, en Servicios Sociales y Personas Mayores. El juzgado entendió que no se podían aplicar soluciones análogas a supuestos de hechos distintos, "no existiendo una discriminación o desigualdad de trato en tal caso".
La reclamación de Ana Garrido: 214.000 euros
El puesto de trabajo de Ana Garrido en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte es de coordinadora de Juventud y está remunerado con un sueldo de 30.000 euros anuales. Pero Garrido, desde que González Terol es alcalde, se encuentra además en Comisión de Servicios como Técnico de Juventud, por lo que su sueldo se eleva a 35.000 euros al año. La pretensión de la trabajadora municipal era cobrar como Responsable de Área laboral, o lo que es lo mismo, cobrar un sueldo de casi 43.000 euros.
El objetivo de Ana Garrido era, por tanto, cobrar el sueldo correspondiente a dos categorías profesionales por encima de la suya, como personal laboral y sin necesidad de superar el correspondiente procedimiento selectivo. Esto, traducido en cifras, supondría cobrar 12.576 euros más al año por lo que, teniendo en cuenta que aún le quedan 17 años para la jubilación, el importe total de la reclamación ascendería a casi 214.000 euros (a los que habría que añadir 11.000 euros correspondientes a otros conceptos).
El día 22 de enero tendrá lugar el juicio por el que Ana Garrido exige al Ayuntamiento la extinción de su contrato por voluntad propia, juicio que se pospuso el año pasado a petición de la demandante al no tener testigos que apoyaran su versión de haber sido acosada por parte de la actual Corporación, como reconoció la misma en su perfil de Twitter.
