El Gobierno de España, a través de su Ministerio de Igualdad,
prepara ya un Anteproyecto de Ley Orgánica a fin de despenalizar la
práctica del aborto voluntario, todo ello en el marco de la llamada
estrategia de “salud sexual y reproductiva” para la mujer, iniciada
dentro de las Conferencias sobre Población de la ONU celebradas en El
Cairo y Pekín.
Auspiciada en todo el mundo por instituciones como la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) o la Family Health Internacional, que ahonda en un diseño educativo que pretende incorporar en las escuelas un modelo obligatorio de educación sexual que fomenta las relaciones libres y espontáneas desde edades muy tempranas, evitando las consecuencias de esos comportamientos mediante el fomento de una mentalidad anticonceptiva, abortista y antinatalista, socavando así los cimientos sobre los que se construye nuestra sociedad y nuestro orden constitucional (defensa y protección de la vida humana, libertad responsable, solidaridad).
El Anteproyecto se sustenta en las conclusiones que el “Comité de Expertos”, nombrado por la Ministra de Igualdad Sra. Aído, y la Subcomisión creada en su día en el Congreso de los Diputados, han emitido a lo largo del mes de febrero, después de una corta vida que dicho anteproyecto parece que pretende superar en brevedad. Dichas conclusiones invocan la necesidad de la implantación en nuestro país del “aborto libre”, construyéndolo sobre tres cifras fáciles de memorizar “14 – 16 – 22”. Serán, por fin, 14 las semanas de gestación en las que las mujeres dispondrán de absoluta libertad para destruir el ser humano que llevan en su interior sin que los poderes públicos arbitren ningún tipo de medida jurídica, social o económica para ayudarlas a superar las dificultades que conlleva su embarazo; será a partir de los 16 años cuando las niñas menores de edad puedan abortar libremente y sin consentimiento de sus padres y, por último, serán 22 las semanas de gestación en que las mujeres puedan abortar libremente en caso de peligro para su salud física o psíquica o de malformaciones fetales.
La proyectada Ley del Aborto Libre –el auténtico “Plan E” de Zapatero- adolece en su origen, tal y como se ha diseñado, de un serio déficit democrático por las siguientes razones:
1. “E” de exterminio: se provoca una grave discriminación al otorgar la posibilidad de nacer a unos y de condenar a otros mediante una decisión absolutamente discrecional y se otorga una facultad a unas mujeres y se deniega a otras (las que superen las 14 semanas de gestación), sin que se justifique razonadamente dicha decisión legislativa, teniendo en cuenta la “DECLARACION DE MADRID”, firmada por más de 1.000 personalidades del mundo científico y académico, en la que se certifica la existencia de vida humana desde el momento de la fecundación, con la consecuencia lógica de la presencia de un ser humano independiente de la madre que merece la misma protección que cualquiera de nosotros.
2. “E” de emancipación: se revoca en su totalidad el derecho de los padres a ejercer la patria potestad sobre sus hijas de modo que las mismas podrán disponer libremente de sus hijos y no podrán casarse ni comprar tabaco o un piso hasta la mayoría de edad sin el consentimiento de sus padres, de acuerdo con la legislación civil: eliminación de toda participación en una decisión que afecta al núcleo familiar, lo cual resulta, aparte de injusto, profundamente antidemocrático. Tal y como ha manifestado el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, se intenta suplantar la poca autoridad que ya queda a los padres en la educación y formación de sus hijos en aras de una pretendida libertad, auspiciada y tutelada desde otras instancias públicas.
3. “E” de engaño: la posibilidad de abortar hasta las 22 semanas de gestación, período en el cual el feto ya es viable, provocará, tal y como ocurre ya ahora, una vía de escape para introducir el aborto libre hasta ese momento, vulnerando así las vías democráticas de aprobación y control normativo. Si hasta ahora no ha existido ningún control sanitario sobre las clínicas privadas a la hora de llevar a cabo abortos fuera de los límites legales, el futuro no es menos prometedor para un negocio lucrativo en aumento vertiginoso, tal y como nos demuestran las cifras oficiales.
El Gobierno, en declaraciones reiteradas de su Presidente, pretende con esta Ley “que ninguna mujer sea condenada por abortar”, lo cual se conseguiría fácilmente sin modificar la legislación dado que hasta la fecha, a pesar de los sucesos tan graves acaecidos en diversas clínicas abortistas, ninguna mujer que haya abortado ha sido encarcelada. Por ello pensamos que, detrás de las pretensiones desveladas, se esconde, en un ejercicio de falta de transparencia democrática, la “cara oculta” de la realidad del aborto libre. La sociedad española espera que en los meses previos a la presentación del proyecto de ley en las Cortes Generales el Gobierno desvele las otras tres cifras que componen dicha “cara oculta”: en primer lugar, la previsión sobre el número de abortos que nos traerá año tras año el aborto libre, tomando como base los 112.138 de año 2007, en segundo lugar, el volumen de recursos públicos que serán necesarios para reparar los daños físicos y psíquicos que provoca el aborto en las mujeres, más conocido como síndrome post-aborto, y en tercer lugar, el aumento que provocará en los beneficios de las clínicas abortistas, tomando como base los 50 millones de euros “declarados” de 2008.
El proyecto legislativo está despertando una conciencia social en favor de la vida del no nacido y de la protección de la mujer embarazada, que no ha hecho más que comenzar y se prevé en aumento durante los próximos meses. Dicha reivindicación social debería encauzarse a través de medidas legislativas concretas dirigidas a prevenir las causas que conducen a las mujeres a plantearse una decisión tan desgarradora en sus consecuencias físicas y psíquicas, y que tengan como objetivo principal la reducción de dicha práctica mediante la puesta a disposición de alternativas viables. Es por ello que los parlamentarios españoles deberían plantearse las siguientes cuestiones:
1. ¿resulta menos protegible la mujer embarazada que las entidades financieras con activos tóxicos, que las empresas en crisis, que los grandes dependientes, que los conductores o que la fauna y la flora autóctona?.
2. ¿no cabe instaurar en favor de la mujer embarazada una línea de protección económica y social así como se establecen las líneas ICO a favor de bancos y cajas de ahorros, Planes de Estímulo a favor de empresas y trabajadores, ayudas a la dependencia, planes de seguridad vial o Reservas de la Biosfera?.
3. ¿por qué se pretende otorgar un derecho a abortar que tan solo reporta un daño físico y psíquico irreversible tanto para la mujer como para el ser humano que porta en su interior y un beneficio incalculable para las clínicas privadas?.
4. ¿no estaremos fomentando un tipo de barbarie equivalente a la que supusieron los diversos tipos de esclavitud o de genocidios a lo largo de la historia de la humanidad y seremos recordados y juzgados implacablemente por nuestros sucesores?.
Por todo ello, existe una necesidad urgente sentida por el conjunto de la sociedad y que ya despunta en las decisiones de diversas autonomías y corporaciones locales, de llevar a cabo proposiciones legislativas que tengan por objeto la implantación en todo el territorio nacional de medidas socio-económicas a favor de las mujeres que afrontan un embarazo en una situación de dificultad emocional, familiar, laboral o económica, y que supongan una reducción significativa de la ya altísima tasa de abortos que se practican anualmente en nuestro país. Los ciudadanos esperamos de nuestros políticos decisiones eficaces y no debates estériles que alarguen el sufrimiento de tantas mujeres. Frente al auténtico y solapado “Plan E” de Zapatero apostamos por el “Plan V” para la defensa real de la vida.
CARMEN PANIZO IZAGUIRRE
Presidenta de la Asociación “NO MAS ABORTO
* Este diario no asume como propias las opiniones difundidas a través de las colaboraciones y cartas al director que publica.
Auspiciada en todo el mundo por instituciones como la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) o la Family Health Internacional, que ahonda en un diseño educativo que pretende incorporar en las escuelas un modelo obligatorio de educación sexual que fomenta las relaciones libres y espontáneas desde edades muy tempranas, evitando las consecuencias de esos comportamientos mediante el fomento de una mentalidad anticonceptiva, abortista y antinatalista, socavando así los cimientos sobre los que se construye nuestra sociedad y nuestro orden constitucional (defensa y protección de la vida humana, libertad responsable, solidaridad).
El Anteproyecto se sustenta en las conclusiones que el “Comité de Expertos”, nombrado por la Ministra de Igualdad Sra. Aído, y la Subcomisión creada en su día en el Congreso de los Diputados, han emitido a lo largo del mes de febrero, después de una corta vida que dicho anteproyecto parece que pretende superar en brevedad. Dichas conclusiones invocan la necesidad de la implantación en nuestro país del “aborto libre”, construyéndolo sobre tres cifras fáciles de memorizar “14 – 16 – 22”. Serán, por fin, 14 las semanas de gestación en las que las mujeres dispondrán de absoluta libertad para destruir el ser humano que llevan en su interior sin que los poderes públicos arbitren ningún tipo de medida jurídica, social o económica para ayudarlas a superar las dificultades que conlleva su embarazo; será a partir de los 16 años cuando las niñas menores de edad puedan abortar libremente y sin consentimiento de sus padres y, por último, serán 22 las semanas de gestación en que las mujeres puedan abortar libremente en caso de peligro para su salud física o psíquica o de malformaciones fetales.
La proyectada Ley del Aborto Libre –el auténtico “Plan E” de Zapatero- adolece en su origen, tal y como se ha diseñado, de un serio déficit democrático por las siguientes razones:
1. “E” de exterminio: se provoca una grave discriminación al otorgar la posibilidad de nacer a unos y de condenar a otros mediante una decisión absolutamente discrecional y se otorga una facultad a unas mujeres y se deniega a otras (las que superen las 14 semanas de gestación), sin que se justifique razonadamente dicha decisión legislativa, teniendo en cuenta la “DECLARACION DE MADRID”, firmada por más de 1.000 personalidades del mundo científico y académico, en la que se certifica la existencia de vida humana desde el momento de la fecundación, con la consecuencia lógica de la presencia de un ser humano independiente de la madre que merece la misma protección que cualquiera de nosotros.
2. “E” de emancipación: se revoca en su totalidad el derecho de los padres a ejercer la patria potestad sobre sus hijas de modo que las mismas podrán disponer libremente de sus hijos y no podrán casarse ni comprar tabaco o un piso hasta la mayoría de edad sin el consentimiento de sus padres, de acuerdo con la legislación civil: eliminación de toda participación en una decisión que afecta al núcleo familiar, lo cual resulta, aparte de injusto, profundamente antidemocrático. Tal y como ha manifestado el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, se intenta suplantar la poca autoridad que ya queda a los padres en la educación y formación de sus hijos en aras de una pretendida libertad, auspiciada y tutelada desde otras instancias públicas.
3. “E” de engaño: la posibilidad de abortar hasta las 22 semanas de gestación, período en el cual el feto ya es viable, provocará, tal y como ocurre ya ahora, una vía de escape para introducir el aborto libre hasta ese momento, vulnerando así las vías democráticas de aprobación y control normativo. Si hasta ahora no ha existido ningún control sanitario sobre las clínicas privadas a la hora de llevar a cabo abortos fuera de los límites legales, el futuro no es menos prometedor para un negocio lucrativo en aumento vertiginoso, tal y como nos demuestran las cifras oficiales.
El Gobierno, en declaraciones reiteradas de su Presidente, pretende con esta Ley “que ninguna mujer sea condenada por abortar”, lo cual se conseguiría fácilmente sin modificar la legislación dado que hasta la fecha, a pesar de los sucesos tan graves acaecidos en diversas clínicas abortistas, ninguna mujer que haya abortado ha sido encarcelada. Por ello pensamos que, detrás de las pretensiones desveladas, se esconde, en un ejercicio de falta de transparencia democrática, la “cara oculta” de la realidad del aborto libre. La sociedad española espera que en los meses previos a la presentación del proyecto de ley en las Cortes Generales el Gobierno desvele las otras tres cifras que componen dicha “cara oculta”: en primer lugar, la previsión sobre el número de abortos que nos traerá año tras año el aborto libre, tomando como base los 112.138 de año 2007, en segundo lugar, el volumen de recursos públicos que serán necesarios para reparar los daños físicos y psíquicos que provoca el aborto en las mujeres, más conocido como síndrome post-aborto, y en tercer lugar, el aumento que provocará en los beneficios de las clínicas abortistas, tomando como base los 50 millones de euros “declarados” de 2008.
El proyecto legislativo está despertando una conciencia social en favor de la vida del no nacido y de la protección de la mujer embarazada, que no ha hecho más que comenzar y se prevé en aumento durante los próximos meses. Dicha reivindicación social debería encauzarse a través de medidas legislativas concretas dirigidas a prevenir las causas que conducen a las mujeres a plantearse una decisión tan desgarradora en sus consecuencias físicas y psíquicas, y que tengan como objetivo principal la reducción de dicha práctica mediante la puesta a disposición de alternativas viables. Es por ello que los parlamentarios españoles deberían plantearse las siguientes cuestiones:
1. ¿resulta menos protegible la mujer embarazada que las entidades financieras con activos tóxicos, que las empresas en crisis, que los grandes dependientes, que los conductores o que la fauna y la flora autóctona?.
2. ¿no cabe instaurar en favor de la mujer embarazada una línea de protección económica y social así como se establecen las líneas ICO a favor de bancos y cajas de ahorros, Planes de Estímulo a favor de empresas y trabajadores, ayudas a la dependencia, planes de seguridad vial o Reservas de la Biosfera?.
3. ¿por qué se pretende otorgar un derecho a abortar que tan solo reporta un daño físico y psíquico irreversible tanto para la mujer como para el ser humano que porta en su interior y un beneficio incalculable para las clínicas privadas?.
4. ¿no estaremos fomentando un tipo de barbarie equivalente a la que supusieron los diversos tipos de esclavitud o de genocidios a lo largo de la historia de la humanidad y seremos recordados y juzgados implacablemente por nuestros sucesores?.
Por todo ello, existe una necesidad urgente sentida por el conjunto de la sociedad y que ya despunta en las decisiones de diversas autonomías y corporaciones locales, de llevar a cabo proposiciones legislativas que tengan por objeto la implantación en todo el territorio nacional de medidas socio-económicas a favor de las mujeres que afrontan un embarazo en una situación de dificultad emocional, familiar, laboral o económica, y que supongan una reducción significativa de la ya altísima tasa de abortos que se practican anualmente en nuestro país. Los ciudadanos esperamos de nuestros políticos decisiones eficaces y no debates estériles que alarguen el sufrimiento de tantas mujeres. Frente al auténtico y solapado “Plan E” de Zapatero apostamos por el “Plan V” para la defensa real de la vida.
CARMEN PANIZO IZAGUIRRE
Presidenta de la Asociación “NO MAS ABORTO
* Este diario no asume como propias las opiniones difundidas a través de las colaboraciones y cartas al director que publica.
