La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local está inspirada en el principio de "Una administración, una competencia", para buscar una gestión más eficiente por la eliminación de duplicidades y competencias impropias.
Las Entidades Locales no volverán a asumir competencias impropias, es decir, competencias que no les están atribuidas normativamente y para las que no disponen de financiación.
Reducción salarial y de personal
Con esta nueva ley, ningún alcalde de España podrá cobrar más de 100.000 euros anuales, y la escala salarial variará en función de la población del municipio. En el caso de Boadilla del Monte, Antonio González Terol pasará a percibir 55.000 euros, unos 22.000 euros anuales menos de lo que cobraba hasta ahora.
La ley supondrá una reducción del número de concejales existentes, que pasarán de los 68.578 actuales a 47.240 en España. Eso significa que en las próximas elecciones municipales se elegirán a 21.338 concejales menos, lo que supone un 31,1% de reducción. Igualmente, se establece un límite máximo de 35 concejales en los municipios más grandes.
En Boadilla del Monte, serán 11 los ediles con retribución económica. Además, aquellos concejales que también formen parte de la diputación provincial, tendrán que escoger entre uno de los dos sueldos. Y sólo aquellos ediles que no tengan ni dedicación exclusiva ni parcial, cobrarán dietas de asistencia a sesiones de órganos colegiados.
La nueva Ley de Administraciones locales también afectará directamente a los asesores, ya que los Ayuntamientos deberán limitar el número de cargos de confianza. El Consistorio de Boadilla, que a día de hoy cuenta con 25 asesores en plantilla, pasará a tener como máximo 7 una vez que entre en vigor esta ley.
Delegación o traspaso de competencias
Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública.
Igualmente, será condición indispensable para la firma de un convenio la contribución a eliminar duplicidades administrativas. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.
Ahorro
El Gobierno cuantificaba el año pasado que el ahorro con la reorganización de la administración local sería de 3.500 millones. Ahora son 7.129 millones, más del doble, sobre todo por la eliminación de duplicidades.
