Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
afirma que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte no reservó terreno suficiente
en el plan general de urbanismo de 2001 para construir viviendas protegidas,
según lo establecido en la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Esta sentencia responde a la denuncia interpuesta por el concejal de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo, contra la resolución de la Comisión de Urbanismo de Madrid de noviembre de 2001 por la que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana.
El fallo ha sido recurrido en casación por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo, según el concejal de urbanismo del municipio, Pablo Cereijo. La sentencia obliga al Ayuntamiento a modificar diez planes parciales de los sectores Sur donde no se reservó el porcentaje del suelo marcado por la ley, 50%, para levantar pisos destinados a los sectores más desfavorecidos de la población.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana supuso la recalificación de unos 3.450.000 m2 de suelo para construir más de 7.000 viviendas nuevas. Sin embargo el Ayuntamiento sólo destinó 1.022.948 m2 del suelo residencial a casas de protección pública en lugar de los 1.739.737 m2 que marca la legislación.
Galindo ha explicado que «el Ayuntamiento no tiene intención de cumplirla porque ya ha dicho que ha recurrido, es decir, que no quieren vivienda para jóvenes y rentas bajas en Boadilla». Por su parte, el responsable de Urbanismo considera que no se puede interpretar ni acatar una sentencia que no es firme y espera el fallo definitivo del Tribunal Supremo, pero asegura que el Plan General pasó todos los filtros políticos y técnicos preceptivos y que cumplió con la legalidad vigente en el momento de su aprobación.
Esta sentencia responde a la denuncia interpuesta por el concejal de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo, contra la resolución de la Comisión de Urbanismo de Madrid de noviembre de 2001 por la que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana.
El fallo ha sido recurrido en casación por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo, según el concejal de urbanismo del municipio, Pablo Cereijo. La sentencia obliga al Ayuntamiento a modificar diez planes parciales de los sectores Sur donde no se reservó el porcentaje del suelo marcado por la ley, 50%, para levantar pisos destinados a los sectores más desfavorecidos de la población.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana supuso la recalificación de unos 3.450.000 m2 de suelo para construir más de 7.000 viviendas nuevas. Sin embargo el Ayuntamiento sólo destinó 1.022.948 m2 del suelo residencial a casas de protección pública en lugar de los 1.739.737 m2 que marca la legislación.
Galindo ha explicado que «el Ayuntamiento no tiene intención de cumplirla porque ya ha dicho que ha recurrido, es decir, que no quieren vivienda para jóvenes y rentas bajas en Boadilla». Por su parte, el responsable de Urbanismo considera que no se puede interpretar ni acatar una sentencia que no es firme y espera el fallo definitivo del Tribunal Supremo, pero asegura que el Plan General pasó todos los filtros políticos y técnicos preceptivos y que cumplió con la legalidad vigente en el momento de su aprobación.
