El Ayuntamiento del municipio, ante tal acusación, ha respondido diciendo que el fin de APB es confundir al pueblo sobre la titularidad del inmueble, ya que el Palacio del Infante es de propiedad municipal y por lo tanto no puede ser hipotecado.
La polémica comienza cuando el concejal Galindo solicita la hipoteca sobre el Derecho Real de la concesión administrativa, algo posible, pero no sobre la titularidad del inmueble.
Tal y como informa el Ayuntamiento de toda esta situación, «se sabía de ante mano que la concesión administrativa no había surtido efecto ya que existía un informe no triunfador sobre el proyecto de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, afectado de manera indirecta al proyecto de la SGAE –Sociedad General de Autores-.»