Según informa el diario El País, el ex alcalde de Boadilla imputado en el Caso Gürtel, Arturo González Panero, ha acusado al ex tesorero y actual alcalde del municipio, Juan Siguero, de haber intervenido en las adjudicaciones del Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama de corrupción.
Tras la dimisión de Panero en 2009, el PP regional decidió dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez, pero Panero hizo que la dirección popular aceptara a su hombre de confianza, Juan Siguero.
Hoy las cosas son muy distintas y Panero afirma que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado que dirigía Correa. Así, le acusa de firmar la adjudicación de una parcela a la constructora UFC, también implicada en la trama; de la adjudicación de la Oficina de Atención al Cliente de Boadilla a Easy Concept por 500.000 euros anuales, «haciendo él toda la documentación personalmente»; y de ceder terrenos municipales a la EMSV –empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo-. El Ayuntamiento acordó cancelar este mes esta adjudicación por la que nunca cobró.
González Panero pide además que el Ayuntamiento de Boadilla le pague el sueldo que debería haber percibido como concejal desde que dejó de ser alcalde en febrero de 2009. Así, exige una indemnización de algo más de 50.000 euros: 38.500 por el sueldo que ha dejado de percibir y 12.000 por daños y perjuicios. Exige, además, que se le integre en el Grupo Mixto y que se le reconozca la dedicación exclusiva.
Panero justifica sus peticiones con varias sentencias, una de ellas, la que el 21 de enero declaró la nulidad de los grupos municipales de Boadilla, señalando su letrado que «Panero no puede ser expulsado de un grupo que nunca ha existido».
Tras la dimisión de Panero en 2009, el PP regional decidió dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez, pero Panero hizo que la dirección popular aceptara a su hombre de confianza, Juan Siguero.
Hoy las cosas son muy distintas y Panero afirma que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado que dirigía Correa. Así, le acusa de firmar la adjudicación de una parcela a la constructora UFC, también implicada en la trama; de la adjudicación de la Oficina de Atención al Cliente de Boadilla a Easy Concept por 500.000 euros anuales, «haciendo él toda la documentación personalmente»; y de ceder terrenos municipales a la EMSV –empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo-. El Ayuntamiento acordó cancelar este mes esta adjudicación por la que nunca cobró.
González Panero pide además que el Ayuntamiento de Boadilla le pague el sueldo que debería haber percibido como concejal desde que dejó de ser alcalde en febrero de 2009. Así, exige una indemnización de algo más de 50.000 euros: 38.500 por el sueldo que ha dejado de percibir y 12.000 por daños y perjuicios. Exige, además, que se le integre en el Grupo Mixto y que se le reconozca la dedicación exclusiva.
Panero justifica sus peticiones con varias sentencias, una de ellas, la que el 21 de enero declaró la nulidad de los grupos municipales de Boadilla, señalando su letrado que «Panero no puede ser expulsado de un grupo que nunca ha existido».
