El ex alcalde de Boadilla del Monte declaraba este viernes que el documento que firmó en 2001 para fichar a Raúl de Diego, conserje de la Escuela de Música de la localidad, como funcionario interino no se tramitó porque el secretario no firmó.
Arturo González Panero estuvo respondiendo durante dos horas a las preguntas del Ministerio fiscal y los abogados de acusación y defensa en una vista pública ante la titular del Juzgado número 1 de Móstoles. Allí afirmaba que el secretario no firmó «porque dice que no es competencia del alcalde y que es una cuestión que ni siquiera toca al Ayuntamiento».
Según remarcó, la propuesta de contratación procedía de Francisco Gorrón, presidente del Patronato de Cultura, el cual fue cesado de su cargo por estos acontecimientos y, según Panero, por la pérdida de confianza. Asimismo dijo que no conocía a Raúl de Diego, conserje y hermano de una de las afiliadas al PP que fue en las listas locales en 1999 por este partido.
La Fiscalía pide dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 12 euros diarios durante ocho meses. El PSOE reclama siete años de inhabilitación y una multa de 20 euros diarios durante el mismo tiempo.
Arturo González Panero estuvo respondiendo durante dos horas a las preguntas del Ministerio fiscal y los abogados de acusación y defensa en una vista pública ante la titular del Juzgado número 1 de Móstoles. Allí afirmaba que el secretario no firmó «porque dice que no es competencia del alcalde y que es una cuestión que ni siquiera toca al Ayuntamiento».
Según remarcó, la propuesta de contratación procedía de Francisco Gorrón, presidente del Patronato de Cultura, el cual fue cesado de su cargo por estos acontecimientos y, según Panero, por la pérdida de confianza. Asimismo dijo que no conocía a Raúl de Diego, conserje y hermano de una de las afiliadas al PP que fue en las listas locales en 1999 por este partido.
La Fiscalía pide dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 12 euros diarios durante ocho meses. El PSOE reclama siete años de inhabilitación y una multa de 20 euros diarios durante el mismo tiempo.
