El grupo municipal de Vox en Boadilla del Monte ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno de noviembre con el objetivo de anular la aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados.
Esta normativa obliga a los ayuntamientos a establecer una nueva tasa destinada a cubrir los costes completos de la recogida y tratamiento de los residuos urbanos. Dicha ley fue aprobada en el Congreso con el apoyo del PSOE y la abstención del PP, mientras que Vox votó en contra.
Según la formación política, esta nueva tasa representaría una importante carga económica para los vecinos de Boadilla. En concreto, se estima que los residentes tendrán que aportar aproximadamente 4,6 millones de euros adicionales al año. Para un piso medio de tres habitaciones con cuatro empadronados, la tasa supondría un desembolso anual de alrededor de 140 euros, mientras que en el caso de un chalet con parcela y seis empadronados, la cifra podría superar los 500 euros anuales.
Impacto en la economía local
Juan Pineda, portavoz de Vox en el municipio, ha denunciado que esta medida supone "un nuevo golpe a la economía de las familias", subrayando que la presión fiscal en España sigue aumentando. Pineda asegura que el pretexto de la protección medioambiental, bajo el cual se justifica esta tasa, es una excusa que en realidad busca aumentar la dependencia de los ciudadanos respecto al Estado.
El portavoz de Vox también criticó la gestión del gobierno local y señaló que los ciudadanos de Boadilla ya pagan un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) elevado, el cual debería cubrir los gastos del servicio de recogida de basuras. "Le pedimos al gobierno del Sr. Úbeda que no utilice esta obligación como justificación para incrementar los ingresos municipales", declaró Pineda. Además, solicitó que, mientras esta tasa esté en vigor, se reduzcan otros impuestos y tasas locales como compensación a los ciudadanos.
Vox ha manifestado su firme oposición a esta tasa, argumentando que es innecesaria y desproporcionada, y ha advertido de las repercusiones negativas que tendrá en la economía de las familias locales. El partido insta al gobierno municipal a buscar alternativas que alivien la carga fiscal de los vecinos y eviten más ajustes económicos en un contexto ya complicado para muchas familias.
