El empresario José Luis Ulibarri, implicado en varias causas judiciales de corrupción, se ha sumado a otros acusados por la actuación de la trama Gürtel en Boadilla del Monte que han admitido su participación en los hechos y ha reconocido la comisión de cinco delitos.
El empresario y otros acusados han presentado escritos donde reconocen su participación en la trama y aceptan ser condenados por ello, como el considerado líder de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; o el vicepresidente de la empresa Teconsa José Luis Martínez Parra.
Ulibarri ha presentado un escrito en el que se muestra conforme a ser condenado a 19 meses de prisión por su actuación en la trama. La Fiscalía pide para él siete años de cárcel.
Admite su responsabilidad en unos hechos constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública, otro de prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, por los que también acepta una condena de cinco años y medio de inhabilitación y 41.200 euros de multa.
En su escrito, en el que pide las atenuantes muy cualificadas de confesión y reparación del daño, se muestra conforme con la acusación de la Fiscalía en relación a la adjudicación a la sociedad UFC S.A. -gestionada por él- de una parcela de Boadilla del Monte y también en relación a la cuota de IVA defraudada en 2006 por dicha empresa que, subraya, ya fue consignada en la cuenta del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investigó este caso.
El anterior magistrado que dirigía este juzgado, José de la Mata, expuso en el auto donde envío a todos los procesados a juicio que en 2005 la trama Gürtel "habría beneficiado desde el Ayuntamiento" de Boadilla, dirigido por el acusado Arturo González Panero, el Albondiguilla -quien aún no ha suscrito ningún escrito de conformidad-, a la empresa gestionada por Ulibarri con dicha adjudicación del Plan de Ordenación Urbana del municipio.
Se generó un perjuicio para el Consistorio de más de cuatro millones de euros, según el juez, que calculó que la comisión pactada entre Ulibarri y el grupo de Correa "ascendió a 1.000.000€".
