Arturo González Panero, el excalde imputado en la trama Gürtel y para quien la Fiscalía solicita 40 años de cárcel, ha denunciado al actual alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, por personar al Consistorio en 2013 en la trama Gürtel.
Panero, conocido como “El Albondiguilla”, considera que esto ha sido prevaricación, malversación y tráfico de influencias por hacerlo a través de un despacho de abogados externo y no a través de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
El juzgado número 6 de Móstoles ha citado a declarar a González Panero en diciembre y llamó al actual alcalde de Boadilla para declarar el 30 de enero, aunque al ser también diputado nacional González Terol, esto es, aforado, no tendrá que hacerlo y será finalmente el Tribunal Supremo quien decida si el actual alcalde tiene que declarar o no finalmente ante el citado juzgado como “investigado”.
Fuentes municipales señalan que “la externalización de servicios es algo habitual y que la defensa jurídica del Consistorio en la trama Gürtel a través de un despacho de abogados se produjo tras informe del letrado consistorial en el que se indicaba la idoneidad de contratar un bufete experto dada la complejidad del caso y la sobrecarga de asuntos que tenía la unidad jurídica del Ayuntamiento”.
Asimismo, fuentes del Consistorio aseguran que la contratación se hizo conforme a la ley y avalado por informes técnicos y jurídicos del personal municipal competente y siempre fundamentándose en la Ley de Contratos del Sector Público vigente.
La denuncia, que todavía no ha llegado al afectado, y que se ha conocido a través de otro medio de comunicación, aseguran fuentes municipales que contienen diversas falsedades, como que solo concurrieron a este procedimiento tres empresas, cuando realmente fueron cinco.
Además, “los criterios de adjudicación del servicio jurídico en la Gürtel fueron fundamentalmente objetivos, ya que se valoraba el precio en un 60%, y el juicio de la parte subjetiva, que pesaba en un 40% en la puntuación del concurso y en la que había que estudiar la memoria jurídica, se realizó por parte del funcionario competente, el letrado consistorial, no por el alcalde, que nunca participa en las mesas de contratación”.
En el Ayuntamiento consideran que “no es casual que esta denuncia llegue en vísperas de la apertura del juicio oral de la trama Gürtel que afecta a Boadilla”. Consideran que “esta denuncia nace del rencor y que es un intento de amedrentar no solo al alcalde, sino también a los servicios jurídicos, tanto los propios como los externalizados para este caso”.
A pesar de ello, el Ayuntamiento de Boadilla confirma que “seguirá solicitando para Panero 49 años de cárcel por diferentes supuestos delitos y se mantendrá firme en su solicitud de 548 años de prisión para 27 imputados por la trama Gürtel en el municipio”
Además, desde el Consistorio recuerdan que, “gracias a la personación y las diferentes actuaciones del servicio jurídico contratado, que fue la oferta más barata (40.000 euros) de las cinco que se solicitaron en el concurso, han conseguido imputar a dos funcionarios y destapar otros hechos supuestamente delictivos que ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares habían denunciado”.
González Terol ha afirmado a este diario “encontrarse muy tranquilo y sereno porque la denuncia solo contiene mentiras fácilmente de desmontar aunque le pesa el coste tanto económico como personal que esta denuncia le va a suponer por actuar en base a lo que le dictaba su conciencia y sus vecinos”. Además, “es absolutamente falso que yo tuviera una relación con el despacho de abogados. Ni mis padres, ya fallecidos, ni mis hermanos, ni mi mujer, ni ningún familiar cercano había contratado a este bufete nunca”.
Asimismo, fuentes municipales han querido recordar que “tenía todo el sentido externalizar este servicio porque la Gürtel ha sido el segundo proceso más largo de la historia judicial española, solo por detrás del caso Malaya, además de ser un caso que ya contiene más de 2.000.000 páginas, lo que hubiera obstruido el servicio jurídico municipal, que en 2013 solo tenía una persona en plantilla”.
Por último, el negociado sin publicidad, el procedimiento que utilizó el Ayuntamiento para la contratación de este servicio, tenía un sentido muy claro, aseguran desde el Ayuntamiento: “no mostrar a los acusados la estrategia ni el enfoque judicial que iba a tener el Ayuntamiento como acusación particular en la trama”.
