La Audiencia Provincial Civil de Madrid ha emitido una sentencia desestimando el recurso presentado por el Ayuntamiento de Boadilla y confirmando el fallo del Juzgado de Primera Instancia que consideraba que los caminos de Monte Romanillos son privados y condenaba al Ayuntamiento a la devolución de los mismos a sus propietarios y a rectificar su inventario municipal excluyendo estas propiedades. El Ayuntamiento recurrirá en casación esta sentencia ante el Tribunal Supremo.
El litigio por la titularidad de los caminos comenzó en 2007 como consecuencia de un expediente de subsanación de discrepancias catastrales que provocó que el Ayuntamiento considerara explícitamente la titularidad pública de aquellos "desde tiempo inmemorial". Con posterioridad, en 2014, el Consistorio inmatriculó los caminos incluyéndolos en el catastro y en el inventario de bienes municipales.
En 2013, como consecuencia del cierre por parte de quienes reclamaban su propiedad de las entradas de varias sendas y de la vía pecuaria cordel segoviano, impidiendo el paso a los transeúntes, el Ayuntamiento de Boadilla denunció a los propietarios. Las sendas afectadas eran el camino de Romanillos a Brunete, el camino de la Vega, el camino de Romanillos a Villanueva de la Cañada, el camino del Huerto y el camino de Madrid a Romanillos.
El Juzgado de Majadahonda ordenó entonces como medida cautelar el desalojo y puesta a disposición de los ayuntamientos afectados (Boadilla y Majadahonda) y de la Comunidad de Madrid de los caminos cerrados, eliminando para ello cualquier obstáculo existente (puertas, cadenas, piedras, barras...). El Auto indicaba que era el Ayuntamiento o ente público al único que correspondía la gestión y dominio sobre caminos, candados y cadenas, siendo los únicos que podían proceder a su colocación, retirada, apertura, gestión y decisión sobre las mismas.
Sumadas a las acciones legales el Ayuntamiento ejerció también otras por la vía administrativa, con la apertura de dos expedientes, uno desde la Concejalía de Patrimonio, por el vallado de los caminos y otro, desde el Área de Urbanismo, por alterar las lindes de lainca al no respetar sus propietarios los mojones originales que señalaban los terrenos de titularidad municipal.
El recurso de casación será la última acción legal que el Consistorio podrá ejercer en defensa de la titularidad pública de los caminos.
