Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil, los afectados por esta presunta estafa son, al menos, 220 en todo el país.
Las investigaciones comenzaron hace más de un año, concretamente en abril de 2008, tras una denuncia en la que se les acusaba a los detenidos de haber cargado en su cuenta un recibo de un servicio que no habían contratado ni realizado.
Las empresas emisoras de los cargos eran tres y en ellas centró la Guardia Civil la investigación. Los cargos sólo se dirigían hacia empresas con un elevado número de movimientos bancarios para que los cargos fraudulentos pasaran desapercibidos.
La investigación sigue abierta y se cree que la estafa puede ser aún mayor. En las próximas horas podría haber nuevas detenciones.