Ana Garrido, técnico de juventud en el Ayuntamiento de Boadilla, denunció al Consistorio por un conflicto laboral.
Ana Garrido, técnico de juventud en el Ayuntamiento de Boadilla, denunció al Consistorio por un conflicto laboral.
Según reconoció Garrido en numerosos medios de comunicación, este conflicto se produjo "por haber destapado el caso Gürtel" cuando Arturo González Panero era el alcalde del municipio. En este sentido, el juez ha considerado que el Ayuntamiento deberá indemnizar a la trabajadora municipal por la extinción de su contrato, a pesar de que en la sentencia la Justicia no relaciona su conflicto laboral con la trama de corrupción, como ella ha señalado en diversos medios de comunicación.
Solicitaba una indemnización de más de 200.000 euros
El puesto de trabajo de Ana Garrido en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte es de coordinadora de Juventud y está remunerado con un sueldo de 30.000 euros anuales. Pero Garrido, desde que González Terol es alcalde, se encuentra además en Comisión de Servicios como Técnico de Juventud, por lo que su sueldo se eleva a 35.000 euros al año. La pretensión de la trabajadora municipal era cobrar como Responsable de Área laboral, o lo que es lo mismo, cobrar un sueldo de casi 43.000 euros.
Garrido pretendía cobrar 12.576 euros más al año por lo que, teniendo en cuenta que aún le quedan 17 años para la jubilación, el importe total de la reclamación ascendería a casi 214.000 euros.
Finalmente el Ayuntamiento deberá abonar la cantidad de 96.000 euros aproximadamente a la demandante: 14.877 euros de indemnización por daños morales y 81.437 euros por la extinción del contrato.
Partidos de la oposición
Alternativa Por Boadilla y el Grupo Municipal Socialista han enviado un comunicado a los medios exigiendo la dimisión del concejal de Juventud, deportes, empleo y Formación, Adolfo Arias, jefe directo de Garrido. Fue éste, según la sentencia, quien evitó reunirse con la demandante durante dos meses "con el fin de paralizar el Plan de Juventud".
También han solicitado la dimisión de Antonio González Terol, aunque el propio juez ha dictaminado que no hay ningún hecho probado que apunte a que el actual alcalde hubiera ordenado ningún trato discrimatorio hacia la trabajadora.
Esta sentencia contradice la del Juzgado de Móstoles del pasado mes de octubre, que señalaba que no había existido vulneración por parte del Ayuntamiento del principio de igualdad ni de ningún artículo del Convenio Colectivo y especificaba que en ningún caso había existido contra la denunciante "discriminación o desigualdad de trato" por parte de ningún miembro de la actual Corporación Municipal.
El Ayuntamiento ha confirmado que recurrirá la sentencia, que se queda en un asunto meramente laboral y no hace referencia al caso Gürtel. Además, según el propio juez, Garrido no demostró que su baja médica esté directamente relacionada con el presunto acoso laboral.
