Según ha publicado el diario El País esta mañana, el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles considera que el exalcalde popular de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y el ex concejal de Hacienda de Boadilla, José María de la Mata Arranz, pagaron con fondos municipales al letrado que les defendía de las denuncias interpuestas por el Partido Socialista o Ángel Galindo Torres, de Alternativa por Boadilla.
Además, según el auto de la juez del 14 de junio, los políticos del Partido Popular actuaron “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” al abonar “con fondos públicos municipales las facturas del abogado”. Por ello, la acusación particular sostiene que incurrieron en un delito de malversación de fondos de más de 72.000 euros, ya que estos contratos se produjeron sin el acuerdo del pleno ni el dictamen del secretario municipal.
Por su parte, Ángel Galindo solicita 6 años de prisión tanto para Panero como para De la Mata, por el delito de prevaricación, además de 10 años de inhabilitación. En este aspecto, la juez, Luisa María Prieto Ramírez, ha decretado que los acusados deberán informar de un posible cambio de domicilio, sino podría acordar la prisión provisional. También deberán abonar de forma conjunta una fianza de 20.000 euros por las responsabilidades pecuniarias que se decidan en el juicio, que deberá celebrarse en la Audiencia Provisional de Madrid al ser un delito de malversación.
Además, según el auto de la juez del 14 de junio, los políticos del Partido Popular actuaron “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” al abonar “con fondos públicos municipales las facturas del abogado”. Por ello, la acusación particular sostiene que incurrieron en un delito de malversación de fondos de más de 72.000 euros, ya que estos contratos se produjeron sin el acuerdo del pleno ni el dictamen del secretario municipal.
Por su parte, Ángel Galindo solicita 6 años de prisión tanto para Panero como para De la Mata, por el delito de prevaricación, además de 10 años de inhabilitación. En este aspecto, la juez, Luisa María Prieto Ramírez, ha decretado que los acusados deberán informar de un posible cambio de domicilio, sino podría acordar la prisión provisional. También deberán abonar de forma conjunta una fianza de 20.000 euros por las responsabilidades pecuniarias que se decidan en el juicio, que deberá celebrarse en la Audiencia Provisional de Madrid al ser un delito de malversación.
