El escrito presentado está basado en el informe policial desvelado tras el levantamiento del secreto de sumario. La policía acusa al actual regidor de facilitar a la trama Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio. El texto asegura que Juan Siguero “participa en el diseño de los pliegos ad-hoc para que este concurso (la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla) fuese adjudicado a una de las empresas del grupo de Francisco Correa”.
El informe se basa en documentos tan esclarecedores como los correos electrónicos enviados por Juan Siguero desde el propio Ayuntamiento. En estos correos, previos a la publicación del concurso, el acalde presuntamente llega a aceptar modificaciones en los pliegos y a solicitar que se le confirme la cantidad económica “a proveer en los pliegos” con el fin de adaptarlos a la oferta de las empresas de Correa. Estas contrataciones irregulares han supuesto un coste de más de 100 millones de euros para las arcas municipales.
En el pasado mes de octubre, el PSOE reclamó la dimisión de Siguero cuando aparecieron las primeras sospechas sobre el consistorio, pero el nuevo informe policial “confirma que sólo el nombramiento de unos gestores independientes puede garantizar una administración honesta en los cinco meses restantes de legislatura”, explica Pablo Nieto, portavoz y candidato del PSOE en Boadilla.
Desde el Ayuntamiento denuncian presiones de los socialistas sobre el magistrado Pedreira, instructor del caso Gürtel, que suponen un atentado contra la independencia de los jueces. Por este comportamiento les culpan de desprecio hacia el Estado de derecho y de “atribuir delitos de manera irresponsable, irrespetuosa, y probablemente delictiva.” En ese mismo texto, emitido por el consistorio de Boadilla, se concluye que los socialistas “están nerviosos por los malos resultados que les dan las encuestas de cara a las próximas elecciones municipales y no dudan en incurrir en prácticas antidemocráticas".